Etiopía expulsa a siete altos funcionarios de la ONU por interferir en asuntos internos

La dura decisión del gobierno se produce dos días después de que trabajadores humanitarios y altos funcionarios de la ONU advirtieran sobre un “asedio” al acceso de Tigray a la ayuda humanitaria. La región norte ha sido devastada por casi un año de conflicto armado con fuerzas centrales, como advierten organizaciones internacionales.

Una decisión seria tras un mensaje importante y una solicitud de acción humanitaria. El gobierno etíope, encabezado por el Primer Ministro y Premio Nobel de la Paz Abiya Ahmed, ha declarado “persono non grata” a siete funcionarios de las Naciones Unidas. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un movimiento sin precedentes en África ha provocado una gran controversia.

Según Addis Abeba, los trabajadores de varias organizaciones humanitarias en Etiopía pueden haber estado involucrados en “los asuntos internos del país”, lo que llevó a la controvertida conclusión. “Deben salir del país dentro de las próximas 72 horas”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Entre los siete funcionarios se encontraban funcionarios de alto rango del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.


La portavoz de Naciones Unidas, Stephanie Tremble, anunció que la organización estaba cooperando con el gobierno “con la esperanza de que le permitiera a la ONU continuar con su importante labor” y hacer frente a la crisis diplomática desatada en las últimas horas. “Creo que las actividades, de las cuales, como dijimos, eran de difícil acceso. Tener menos personas para planificar y ejecutar las operaciones humanitarias ciertamente tiene un impacto”, dijo Tremblay.

Los trabajadores humanitarios “ayudan a salvar vidas”

“Todas las operaciones humanitarias de la ONU se rigen por los principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad y libertad”, defendió en un comunicado, argumentando que la misión de sus funcionarios es “ayudar a salvar vidas”. La población del norte del país, que se ha recuperado del conflicto en la zona problemática de Tigray que estalló a principios de noviembre de 2020, se ha visto sumida en una crisis humanitaria más profunda durante casi un año.

De hecho, el pasado martes 28 de septiembre, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, habló de la hambruna en Tigre, calificándola de “una mancha en nuestra conciencia”. El funcionario también hizo un llamamiento por las dificultades que enfrentan los trabajadores humanitarios para enviar suministros de socorro a la zona. Griffiths señaló el “asedio real” de casi tres meses llevado a cabo por funcionarios federales.

De los 5,2 millones de personas que viven en Tigray, el 90% necesita asistencia humanitaria

Estas declaraciones parecen ser el impulso para la expulsión de los miembros de las Naciones Unidas. El mismo día, la misión de Etiopía ante la ONU en Nueva York argumentó que tales afirmaciones eran “inapropiadas”. Según los expertos humanitarios sobre el terreno, el 90% de los 5,2 millones de personas que viven en Tigray necesitan ayuda. “El gobierno etíope debe hacer lo que ha prometido, lo que facilitará el acceso”, concluyó Griffiths dos días antes del desalojo.

Las reacciones no tardan en llegar. La Casa Blanca condenó los desalojos y amenazó con imponer sanciones a quienes obstruyeran los esfuerzos humanitarios: “Nos preocupa profundamente que esta medida pueda obstaculizar el suministro de alimentos, medicinas y otros suministros vitales del gobierno etíope”.

“La solución al deterioro de la crisis humanitaria en el Tigris es hacer que la Grota no individual de Addis Abeba del personal humanitario de la ONU (…) sea trágica pero real”, declaró. Líder del grupo rebelde en la región. El FPLT ha estado en guerra con las Fuerzas de Seguridad Central durante casi un año, matando a miles y desplazando a millones de refugiados. A pesar de la declaración de alto el fuego el 28 de junio, los combates continúan en algunas zonas y la emergencia humanitaria se ha agravado debido al difícil acceso de los organismos internacionales.


Una situación de “fuera de control” en el Decreto

Las Naciones Unidas han estado advirtiendo durante meses que la crisis del Tigris está “fuera de control” y que más de 400.000 personas, incluidos miles de niños, corren el riesgo de sufrir una hambruna grave. Los funcionarios del gobierno federal parecen estar rechazando esta demanda, como lo demuestra el dramático desalojo, siendo las principales víctimas quienes viven en la aislada región del norte.

Mientras miles de personas iban allí en busca de comida, la peligrosa situación en Tigray parece estar extendiéndose en Ahara y Afdar. De hecho, el punto más importante señala que podría ocurrir una hambruna similar a la que asoló al país en los años ochenta.

Sin los medios de comunicación sobre el terreno, no se conocería la verdadera magnitud de la crisis, que se vería agravada por la salida forzada de funcionarios de la ONU y los múltiples obstáculos que enfrentan las agencias en el desempeño de su trabajo. El gobierno ha acusado a muchos trabajadores humanitarios de ayudar e incitar a los rebeldes en Tigris. Denuncias que ponen en alto riesgo al personal de apoyo. Al menos 23 trabajadores humanitarios han muerto desde que comenzó el conflicto.

El 15 de marzo de 2021, en la ciudad de Shire, Etiopía, llevó a una niña que hacía cola para comida en la escuela primaria de Disray. Selectores – Boss Ratner

Auditoría de organizaciones humanitarias internacionales

Esta no es la primera vez que un organismo internacional se ha visto afectado por el gobierno etíope. En agosto acusaron a los médicos de difundir “información falsa” sobre la guerra, suspendieron las fronteras y suspendieron los grupos noruegos de ayuda a los refugiados.

Por esta razón, cada vez más empresas se resisten a brindar información sobre lo que realmente está sucediendo dentro del país, con riesgo de perder el acceso a la región. “Tienen puños alrededor de nuestras gargantas y sus cuellos nos están estrangulando”, dijo un empleado asistente a la AP, quien no quiso ser identificado por temor a represalias. “De vez en cuando nos dejan respirar, para que no muramos”.

Con AB, Reuters y medios locales

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